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La Corte Constitucional acaba de dejar en firme el fallo que obliga a las autoridades a la identificación del conductor infractor para poder multarlo.

Con una votación de 8-1, los magistrados negaron la nulidad de la sentencia que puso en jaque el funcionamiento de las máquinas de fotomultas en Colombia, al imponerles a las autoridades de tránsito la obligatoriedad de identificar al conductor antes de sancionarlo.

El requisito que ordena la Corte prácticamente deja sin opción a las autoridades pues en Colombia ninguna de las 473 cámaras autorizadas tiene reconocimiento facial, tecnología difícil de adquirir en el corto plazo por parte de las autoridades.

Uno de los puntos claves de la esta decisión es el impacto que tiene sobre el erario en un promedio de 600.000 millones de pesos al año; al menos esto fue lo que recibieron los entes territoriales por fotocomparendos en 2019. Durante el año pasado, 144 colombianos fueron multados por esta modalidad diariamente, en total 280.000 vehículos –carros o motos– por mal estacionamiento y a cerca de 500.000 conductores por exceder los límites de velocidad.

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